PROGRAMA DE DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOCALES SOBRE DISCAPACIDAD
MARCO GENERAL
Como marco general, las medidas a llevar a cabo deben ajustarse a las directrices de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Parlamento Español en 2008. Dicha ratificación supone el compromiso de adecuar, de manera transversal, toda la legislación nacional con el objetivo fundamental de garantizar los derechos (humanos, políticos y ciudadanos) de las personas con discapacidad recogidos en la Convención. Dichos derechos abarcan todas las esferas de la vida de las personas con discapacidad, pero es en las áreas de la educación, el empleo y los servicios sociales en las que la intervención es especialmente necesaria. Dentro de este marco, el objetivo sustancial que se debe lograr con el desarrollo normativo es el de una Vida Independiente para todas las personas con discapacidad, reconociendo su capacidad (sin dis-) para participar activa y plenamente en la vida económica, política, social y cultural. Asumiendo la existencia de la diversidad humana, se propone, también dentro de este marco general, la posible incorporación del concepto de “diversidad funcional” en sustitución del de “discapacidad”, tal cual un sector del propio colectivo hizo en 2005.
INSTRUMENTOS
Dada la transversalidad de las políticas públicas sobre discapacidad/ diversidad funcional, se plantea la creación de una oficina municipal sobre la materia dentro de la estructura organizativa de los órganos de gobierno del ayuntamiento que en su momento queden constituidos. La discapacidad debe ser un asunto transversal que esté presente en todas las políticas de todos los sectores. Y dentro de cada Ayuntamiento, (organismo oficial en general) debe haber un departamento de diversidad funcional o discapacidad, que gestione dentro de su competencia las necesidades que se tienen que cubrir, según las bases que establezca la Dirección General del Ministerio competente del Estado español.
DESARROLLO / PUESTA EN MARCHA
Elaboración de un listado informativo de derechos básicos que por ley se tendrían que estar cumpliendo ya (basado en Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad:
Haz clic para acceder a convoptprot-s.pdf
Y otro listado de derechos ampliados que se tendrían que conseguir en el corto plazo. Se propone la redistribución del dinero destinado a la contratación de discapacitados, haciendo que esas ayudas recaigan directamente en ellos para que generen su propio negocio o se establezcan como autónomos (teletrabajo, por ejemplo) y que, para las contrataciones en empresas, se siga un control de dichas contrataciones para evitar los abusos que se producen hoy día, creando plazas de inspectores dentro de la Dirección General competente en materia de discapacidad, diversidad funcional y dependencia.
LA ACCESIBILIDAD Y LA ASISTENCIA PERSONAL. LA DEPENDENCIA.
La plena inclusión de las personas con discapacidad/ diversidad funcional requiere la dotación de recursos materiales y humanos. El acceso a la información, la cultura y los espacios públicos implica el desarrollo de tecnologías así como la participación de personas especializadas, tanto para el desarrollo de esas tecnologías como para la asistencia de sus usuarios/as. Incluyéndolas como un elemento cotidiano y no para casos especiales, haciendo que forme parte de nuestra vida. Se debe garantizar, por tanto, el desarrollo de una línea específica de I+D+i orientado hacia la accesibilidad. Se debe garantizar, asimismo, el cumplimiento del artículo 19 de la Convención que reconoce a la Asistencia Personal como el instrumento fundamental del que deben disponer las personas con discapacidad/ discriminadas por su diversidad funcional para poder lograr una vida plenamente independiente. Para cumplir este objetivo, la Asistencia Personal debe ser suficiente según cada proyecto de vida y autogestionada por la propia persona usuaria. Se debe, por tanto, fomentar su formación en vida independiente, derechos humanos y asistencia personal. La asistencia personal es un recurso valioso para cualquier diversidad y cualquier edad, debiéndose eliminar cualquier restricción que afecte en estos sentidos. Se debe llevar a cabo, por tanto, un plan de desarrollo de la figura profesional del/ de la asistente personal. Formación de profesionales, estableciendo como principal objetivo que provean de recursos necesarios según la necesidad para que las personas con discapacidad puedan valerse por sí mismas en la medida de sus posibilidades, elevando así su autoestima y dándoles opciones para su crecimiento personal. Las personas con discapacidad/ discriminadas por su diversidad funcional han de estar presentes de manera activa en el proceso de toma de decisiones en ambas áreas de intervención; y lo han de estar mediante representantes libremente designados por ellas.
EDUCACIÓN
Se deben ampliar los recursos materiales y humanos orientados hacia la educación inclusiva de las personas con discapacidad/ discriminadas por su diversidad funcional, en particular, en lo que se refiere a una formación especializada del profesorado y a la garantía de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros educativos. La educación como prioridad absoluta. Las partidas que se destinen para conseguir estos recursos deben tener prioridad sobre cualquier gasto que no se considere esencial para el crecimiento económico (entiéndase gasto militar, rescate bancario, la corona de España, la Iglesia, etc.) Se debe garantizar que existan los apoyos suficientes en todo el ciclo educativo, y no sólo durante la educación obligatoria. El 76% de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) abandona los estudios al completar el tramo obligatorio y no continúan en secundaria. Este abandono escolar indica que todavía está vigente un modelo que conduce a la segregación educativa, la cual, posteriormente, se traduce en segregación laboral. Asimismo estos apoyos deben abarcar la atención temprana, las necesidades educativas de niños y niñas de 0 a 6 años de edad. Por último, se deben revisar en profundidad las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los/as alumnos/as; lo que no será posible si no se disponen de los medios materiales y humanos necesarios. Pero, lo que es más importante, en los planes pedagógicos generales se debe incorporar la temática de la diversidad funcional, en un modo análogo a lo que se ha venido haciendo con las cuestiones de género, para que más allá de los marcos instrumentales, formales o de asistencia, la “realidad” en sí misma forme parte del conocimiento de todo el alumnado. Si no, se desarrollarán instrumentos que la gran mayoría de los/as alumnos/as no sabrán entender. Estimación de necesidad mínima de profesorado, (para esto consultar con expertos), por ejemplo, un profesor de apoyo por cada 2 alumnos con necesidades especiales.
EMPLEO
En estrecha conexión con la inclusión educativa está la inclusión laboral: sin unas adecuadas garantías en materia de formación, las expectativas laborales se reducen de manera significativa. Para ello, se debe aplicar con rigor la legislación vigente en lo relativo a los “cupos” de empleo para empresas de más de 50 trabajadores, impidiendo que la propia legislación permita esquivar esta medida mediante meras compensaciones económicas. En el caso de que no haya empresas suficientes interesadas en la contratación de personas con discapacidad, las ayudas deben ir directamente a las personas con discapacidad para que generen su propio negocio o se establezcan como autónomos. Se debe garantizar, siguiendo con las directrices de la Convención, el derecho a un trabajo digno. Para esto, y durante el tiempo que sea necesario, se debería establecer un sistema de inspección para evitar los abusos laborales que suceden hoy día. Se han de potenciar todas las medidas que lleven a garantizar una adaptación adecuada del puesto de trabajo, a través de los ajustes razonables que se precisen, así como, en términos de un tránsito hacia una participación laboral normalizada, las que tienen que ver con el trabajo asistido. Se ha de regular de manera adecuada el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo, así como de los centros especiales para la formación para el empleo, para revertir la situación actual, donde medidas que se supone transitorias cara a una plena inclusión laboral, eminentemente formativas, se han convertido en prácticas de explotación. IMPORTANTÍSIMO. HAY UNA TREMENDA TRAMA DE CORRUPCIÓN AÚN A DESTAPAR. Fundaciones que se han enriquecido a costa de esclavizar a personas con discapacidad, dando una supuesta formación para luego hacerles trabajar hasta 10 horas diarias, y que se venden como labor social cuando es un negocio que sólo les lucra a los propietarios. Hay que pedir Comisiones de investigación y limpiar este sector para dejar únicamente a los que hacen realmente la labor que han de hacer. A su vez, esto supone una revisión de los criterios según los cuales se otorgan, mediante pensiones no contributivas, ayudas económicas a las familias con personas con discapacidad/ discriminadas por su diversidad funcional, pues en muchas ocasiones son un obstáculo para su inclusión laboral efectiva. A veces dar ayudas económicas para personas con discapacidad significa que se les da como inútiles de por vida y no todo el mundo necesita una ayuda de por vida (algunos sí , pero no todos). Las ayudas deben tener como finalidad que desarrollen habilidades o capacidades que en un futuro les ayuden a tener un trabajo con el que puedan mantenerse.
SERVICIOS SOCIALES
El Estado y el ayuntamiento en particular debe abordar medidas contundentes contra la pobreza como condición preponderante a la que se ven condenadas determinadas personas por su diversidad funcional. La pobreza no es un “destino”, sino la consecuencia de su falta de oportunidades. La pobreza no es un «destino» para nadie! Podemos decir simplemente que existe una relación entre discapacidad y pobreza, y que se deben tomar medidas que rompan este ciclo…Para evitarla, dos líneas de intervención son necesarias. La pobreza hay que eliminarla de raíz, afecta a personas con y sin discapacidad. Por una parte, garantizar una contraprestación diferencial a las personas con diversidad funcional en todos aquellos casos en los que la misma se contemple de manera genérica. Si entre nuestros objetivos está la posibilidad de la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, la cuantía de la misma habría de ser mayor para aquellas personas con discapacidad/ discriminadas por su diversidad funcional que, por los costos asociados a su condición, han de afrontar un mayor volumen de gastos regulares. Esta contraprestación diferencial habría de mantenerse sólo hasta que se den las condiciones para que no exista el sobrecoste añadido a la determinada diversidad funcional. Esto es, se garanticen unas condiciones de accesibilidad, acceso a las ayudas técnicas y asistencia personal necesaria. No estoy de acuerdo. La Renta básica está pensada para las personas que lo necesiten, para solventar sus necesidades básicas, casa y comida. Para las personas con discapacidad hay exenciones de pagos y bonificaciones que quizás deban ampliarse, por ejemplo, en necesidades médicas, transporte, asistencia personal cubierta por la administración, etc. Se han de desarrollar los instrumentos que permitan, en términos de políticas de asistencia social, diferenciar claramente las situaciones vinculadas con la vejez de aquellas que no lo están y son debidas a la discapacidad; así como tratar adecuadamente los casos en que ambos factores están presentes. Por tanto, a la tercera edad hay que darle un apartado independiente. No mezclarlo con la discapacidad. Está claro que es bien distinto. En ese sentido, la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (mal llamada, Ley de Dependencia), debe ser objeto de una profunda revisión. Revisión de la Ley y de los mecanismos para hacerla operativa. Se deben ampliar los criterios según los cuales se considera que una persona puede acogerse a las prestaciones que la misma establece, incorporando una concepción, verdaderamente sensible a la realidad y las necesidades, más amplia que la estrictamente biomédica. Así como una reformulación de los conceptos clave que articulan la ley. Se deben revisar las modalidades de asignación de recursos, priorizando la asistencia personal profesional y evitando que la carga fundamental recaiga sobre las familias. Se deben suprimir todos los copagos que la ley promueve. Bonificaciones y asistencia profesional que cubra la administración pública, tanto a nivel educativo como de necesidades personales. Se debe ampliar su espectro de intervención para que, al amparo de la misma, se pueda iniciar un proceso de “desinstitucionalización” que canalice los recursos prioritariamente, no hacia la creación y mantenimiento de instituciones especializadas (residencias, centros de día, etc.), sino hacia la potenciación de los servicios personalizados de la Asistencia Personal. No estoy de acuerdo, los centros existentes hay que controlar que funcionen correctamente, incrementarlos y conseguir que cumplan su función. Un servicio personalizado es imposible de controlar y es proclive a las mafias y la empresa privada. La institucionalización no es mala, sólo hay que darle las herramientas para evitar que se corrompa. Las pensiones no contributivas de invalidez (según, por desgracia, se llaman a fecha actual) deben equipararse, como mínimo, al IPREM. Ciudadanía Las personas con diversidad funcional son ciudadanos de pleno derecho. Como tales, han de ser incluidos en todos ámbitos de la sociedad no restringiéndose estos a las actividades básicas, trabajo y estudios. La política, el ocio, la cultura, la participación social deben abrirse para permitir la participación de las personas con diversidad funcional. Y, por último, todas las medidas, iniciativas y directrices planteadas han de desarrollarse con un escrupuloso cuidado en relación con las diferencias de género: una política pública sobre discapacidad/ diversidad funcional insensible a las diferencias que marcan la experiencia de hombres y mujeres es una política marcada por un falaz universalismo que, muy probablemente conducirá a prácticas inadecuadas. En este sentido, en atención a los instrumentos propuestos, cada organismo municipal habrá de constituirse integrando un departamento especializado en esta materia, que vigile, garantice y promueva que la problemática de las mujeres con diversidad funcional será tomada en consideración, en todos los aspectos que sea necesario, con atención a su condición de género. La discapacidad debe ser algo transversal.
CUOTA DE CORRECCIÓN DEL 10% DE CARGOS ELECTOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Como consecuencia del carácter transversal que la cuestión de la diversidad funcional debe contemplar en todas las políticas concretas (también las de la política municipal) y para fomentar la plena inclusión de las personas con diversidad funcional, debe implementarse un factor corrector del 10% en todos los procesos electorales, garantizándose que dichas personas puedan ser elegidas miembros de los gobiernos municipales, autonómicos y nacionales. En efecto, se estima que la población española tiene un 10% de personas con diversidad funcional y, por ello, se hace necesario que dichas personas puedan ser elegidas. Sólo así llegaremos a crear una sociedad plenamente inclusiva y justa, al igual que es justo que se contemple una cuota del 50 % para el colectivo de mujeres.
Maria Jesus Aldana Garcia
Maríajesus.cordubensis 